ABANDONO DE NIÑOS EN BOLIVIA

Un desafío pendiente para el Estado es la atención de la población infantil que vive en orfanatos o centros de acogida, que, según el último estudio realizado en Bolivia, el número llega a 8.369 niños institucionalizados. De esta cifra, más del 50 por ciento llegó por casos de violencia o por abandono.

La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) en Bolivia, Sun-Ah Kim Suh, señaló que, del total de esta población infantil que vive en centros de acogida u hogares, más del 80 por ciento tiene una familia extensiva.

“Lo que Unicef recomienda, por un lado, es buscar —como lo indica la propia Convención de los Derechos del Niño y también las propias experiencias que hemos acumulado— que los niños deben permanecer el menor tiempo posible en las instituciones, sino más bien buscar medidas alternativas”, dijo Kim ayer en el marco del conversatorio denominado “Mi familia, mi mejor comienzo” que fue organizado por Unicef en Cochabamba.

Durante el evento, la directora general de la Niñez del Ministerio de Justicia, Ninoska Durán, dio a conocer que de los 8 mil niños institucionalizados el 25 por ciento están ahí por abandono; el 14 por ciento, por orfandad; el 0,4 por ciento, por conflicto de guarda; el 1,1 por ciento, por extravío, y el 35,2 por ciento, por maltrato.

Por lo mismo, señaló que “un desafío importante desde el Estado es mirar la población institucionalizada de primera infancia” porque del total de las muertes que se registran en estas centros el 46 por ciento son niños y niñas menores de seis años.

“Esto no quiere decir que sean infanticidios, sino que un bebé de primera infancia requiere una atención más especializada (porque) los bebés comen cada tres horas, necesitan una atención realmente mucho más especializada y con personal especializado y lógicamente estamos viendo muertes que se registran en centros de acogida no fruto de un infanticidio; puede ser de negligencia o enfermedades, pero que apuntan a esta población”, dijo.

Durán coincide con Kim en que los menores que están en los hogares, ya sean privados o públicos, no deben estar en esos lugares más de un año y se debe procurar buscar alternativas como las familias ampliadas, adopciones o la reintegración familiar. Señaló que, desde el Ministerio de Justicia, se están implementando de forma gradual mecanismos de control para que se cumplan estas disposiciones y se vele por el bien mayor de la población infantil.

“El centro de acogida es una medida transitoria de protección a los niños, mientras concluya la situación de riesgo que los ha puesto inicialmente ahí”, indicó ayer.